URBANO LÓPEZ
El pasado día 9 al fin se aprobó en el Congreso de los Diputados la reforma del mercado laboral. Los aspectos "clave" son la generalización del despido de 33 días, ya que ahora podrá aplicarse a trabajadores fijos de entre 31 a 45 años en determinados supuestos; la concreción de las causas para el despido objetivo (20 días), pudiendo llevarlo a cabo las empresas no sólo cuando tengan pérdidas, sino también cuando prevean tenerlas, o tengan una persistente caída de ingresos; el aumento del coste del despido para los trabajadores contratados temporalmente; se facilita la movilidad interna y se acortan los plazos a la hora de negociarla en algunos supuestos; en el ámbito de la negociación colectiva, se facilitan los "descuelgues" de los convenios por parte de las empresas; en cuanto intermediación laboral, se da cabida a las empresas de colocación privadas; se endurece el control a los parados y se penaliza el absentismo laboral; y se introducen modificaciones en el FOGASA, que tendrá un mayor cometido a partir de ahora.
Realizando una valoración general de tal reforma, lo primero que hay que decir es que es tardía, además de insuficiente, entre otras cosas, por no abarcar una reforma estructural del mercado laboral en la línea que indicaba el conocido como "el manifiesto de los 100", suscrito por economistas académicos.
Pero, a mi juicio, tampoco se puede negar que es una mejora en relación a lo que teníamos, pues las empresas tendrán más incentivos para contratar. A ello contribuye el abaratamiento del despido, que genera expectativas favorables para los empresarios, pues estos a la de contratar evalúan los diversos riesgos en los que incurren, incluidos los costes que le podría ocasionar un despido si su compañía marcha mal. En este sentido, no olvidemos que es mejor que una empresa despida a parte de sus trabajadores manteniendo al resto, que el hecho de que tenga cerrar por no poder hacer frente a los costes del despido.
También son positivas las facilidades para que las empresas se ajusten en tiempos de crisis (siempre mejor que se ajusten horarios y salarios a tener que despedir o cerrar) de manera interna, o que puedan descolgarse de los convenios colectivos.
Sin embargo, las medidas expuestas en el párrafo anterior no han sido lo suficientemente ambiciosas, pues en los casos en los que la aplicación de las mismas tenga el carácter de "colectivo" según Ley -y no individual- será necesaria la consulta y negociación con las fuerzas sindicales, con lo que serán finalmente los Juzgados de lo Social los que tengan que decidir en muchos supuestos en los que no se alcance un acuerdo, con la consiguiente ralentización de la puesta en marcha de las decisiones empresariales. En este sentido, es de lamentar que no se dé más cabida a un sistema de arbitraje o mediación que agilizara tales discrepancias.
En conclusión, se puede decir que estamos ante una limitada mejora del mercado de trabajo, pero que no es la reforma laboral que nuestra economía necesita para ser suficientemente competitiva, prolongando y parcheando un modelo ineficiente al que se ha ido parcheando a lo largo de los años. Puestos a reformar el mercado de trabajo, se debería haber aprovechado la ocasión para un cambio profundo que nos hubiera llevado a un modelo dinámico y generador de oportunidades.
Realizando una valoración general de tal reforma, lo primero que hay que decir es que es tardía, además de insuficiente, entre otras cosas, por no abarcar una reforma estructural del mercado laboral en la línea que indicaba el conocido como "el manifiesto de los 100", suscrito por economistas académicos.
Pero, a mi juicio, tampoco se puede negar que es una mejora en relación a lo que teníamos, pues las empresas tendrán más incentivos para contratar. A ello contribuye el abaratamiento del despido, que genera expectativas favorables para los empresarios, pues estos a la de contratar evalúan los diversos riesgos en los que incurren, incluidos los costes que le podría ocasionar un despido si su compañía marcha mal. En este sentido, no olvidemos que es mejor que una empresa despida a parte de sus trabajadores manteniendo al resto, que el hecho de que tenga cerrar por no poder hacer frente a los costes del despido.
También son positivas las facilidades para que las empresas se ajusten en tiempos de crisis (siempre mejor que se ajusten horarios y salarios a tener que despedir o cerrar) de manera interna, o que puedan descolgarse de los convenios colectivos.
Sin embargo, las medidas expuestas en el párrafo anterior no han sido lo suficientemente ambiciosas, pues en los casos en los que la aplicación de las mismas tenga el carácter de "colectivo" según Ley -y no individual- será necesaria la consulta y negociación con las fuerzas sindicales, con lo que serán finalmente los Juzgados de lo Social los que tengan que decidir en muchos supuestos en los que no se alcance un acuerdo, con la consiguiente ralentización de la puesta en marcha de las decisiones empresariales. En este sentido, es de lamentar que no se dé más cabida a un sistema de arbitraje o mediación que agilizara tales discrepancias.
En conclusión, se puede decir que estamos ante una limitada mejora del mercado de trabajo, pero que no es la reforma laboral que nuestra economía necesita para ser suficientemente competitiva, prolongando y parcheando un modelo ineficiente al que se ha ido parcheando a lo largo de los años. Puestos a reformar el mercado de trabajo, se debería haber aprovechado la ocasión para un cambio profundo que nos hubiera llevado a un modelo dinámico y generador de oportunidades.
1 Lengüetazos:
Ademas a lo mejor así los trabajadores perdemos el miedo a mejorar y cambiar de empresa por el lastre del pago acumulado si nos tiran.
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