“A vueltas con la Memoria” (Aurora García Pérez)

Foto: Juez Baltasar Garzón

* Esta opinión es personal de la autora de este texto y no vincula al partido político al que pertenece (UPyD) Hoy se hacía público, la Providencia dictada en el día de ayer por el Juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, dando respuesta a las denuncias presentadas por Asociaciones de Recuperación de la Memoria Histórica de diferentes Comunidades Autónomas, así como la CGT. Lamentables ríos de tinta con opiniones contradictorias, muchos de ellos de personajes que sin ser juristas se irrogan conocimientos más que suficientes para hacer valoraciones de la actuación del juez, protagonista de excepción con pretensión de serlo, dividendo nuevamente a la opinión pública, los unos, defienden el reconocimiento jurídico de víctimas del régimen franquista, y los otros creen mejor mirar al futuro, sin remover el pasado. No voy a realizar juicios de valor sobre las diferentes posiciones ciudadanas acerca del reconocimiento de víctimas del Régimen Franquista, pero sí voy a recordar que la conocida como Ley de Memoria Histórica, tiene como objetivo promover la reparación moral y recuperación de la memoria personal y familiar de todas las personas que fueron objeto de persecución y violencia en la Guerra Civil y Dictadura Franquista, por razones, ideológicas, políticas o religiosas. Para lograr esos objetivos, se establecen los mecanismos de reconocimiento y resarcimiento económico, mediante las indemnizaciones, que por diferentes cuantías se determinan para los diferentes casos. Pero quizás lo más relevante al caso que nos ocupa, es la implicación de todas la Administraciones Públicas, para colaborar con los particulares para la localización e identificación de las víctimas, instándose a petición de parte y abriendo la posibilidad al establecimiento de subvenciones estatales para ayudar a sufragar los gastos que la investigación pueda generar. Realicemos un breve análisis de la situación, teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 65 de la LOPJ (Ley Orgánica del Poder Judicial), comprensivo de las causas por las que es competente para conocer la Audiencia Nacional. Las diferentes agresiones sufridas por las víctimas de la represión franquista, así como en la Guerra Civil, están calificados como delitos comunes, por lo que en principio, con esa calificación, la Audiencia Nacional no sería competente para conocer del caso, por lo que el Juez Garzón debería de pronunciarse a este respecto, y no dictar Providencia requiriendo a diferentes Administraciones Públicas, para que realicen informes con el detalle de toda la información acerca del número desaparecidos, datos de localización, etc.. A tenor de lo establecido en la Ley, son los interesados los que sufragaran los gastos ocasionados en el proceso de averiguación, quedando el Estado facultado a establecer las subvenciones que considere oportunas, así como el deber de todas las Administraciones a colaborar con ellos en el proceso de averiguación, facilitando el acceso a los archivos, así como las autorizaciones oportunas para la consecución de los fines perseguidos por los mismos. Con el requerimiento que realiza el juez Garzón, se da cobertura económica Estatal a petición de la Audiencia Nacional, a un proceso que la Ley no establece, liberando a las partes (constituidas en diferentes asociaciones) del gasto que el procedimiento puede acarrear, repercutiendo este íntegramente a las arcas del Estado (todos nosotros). Partiendo de la base de mi respeto absoluto a las decisiones judiciales, y desde una perspectiva eminentemente de consecuencias que se derivan de la decisión judicial, considero dos posibles hipótesis sobre el objetivo perseguido con el procedimiento iniciado por el Juez Garzón. La primera, quizás obedece a lograr los informes necesarios comprensivos de los datos reales, para poder realizar un censo oficial de victimas del franquismo, por lo que a pesar de su cobertura judicial, no deja de ser una actuación con significado político, y digo esto porque es propia de grupos políticos y no de la Administración de Justicia, debiendo ser el impulso judicial el objetivo de cualquier agente de la Administración de Justicia, al objeto de lograr resolver todos los asuntos que los ciudadanos tienen pendientes, respondiendo así a la demanda ciudadana en defensa de sus intereses y derechos, debiendo impulsar los cambios necesarios, para agilizar y resolver los asuntos judiciales pendientes. La segunda, abrir la posibilidad de calificar la actuación del régimen franquista como delito contra la humanidad, declararando al Estado responsable, por lo que seríamos todos los que sufragaríamos, no sólo la investigación de los casos, sino todos los procesos, así como las indemnizaciones que se puedan derivar, abriendo una puerta a otras posibles reclamaciones. No se trata de poner objeciones a los derechos reconocidos por la Ley. La Administración debe estar al servicio de todos los ciudadanos, facilitando en todo, el acceso para su reconocimiento y por tanto, instar el resarcimiento correspondiente, pero todos deben estar supeditados y amparados por la Ley, por lo que su cumplimiento y no tergiversación deviene totalmente obligatoria para todos durante toda su vigencia, y en aquello en lo que esta no cumpla con su objetivo, se debe impulsar el cambio legislativo necesario, pero evitar que con su interpretación, se de cobertura a actuaciones, que como mínimo, crean una situación de inseguridad jurídica y de poca credibilidad.

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