POR URBANO LÓPEZ
Como sabemos, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales varios de los preceptos del Estatuto de Autonomía de Cataluña relativos al Poder Judicial. Aquí nos centraremos en lo que concierne al Consejo de Justicia de Cataluña al que tal Estatuto señalaba como "órgano de gobierno del Poder Judicial” en tal Comunidad Autónoma.
La Sentencia indicaba, además, que esa desconcentración no podía hacerse a través de los Estatutos sino que el mecanismo normativo adecuado es el de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Gobierno ya está manos a la obra para reformar tal Ley, satisfaciendo así a sus socios nacionalistas.
En este sentido, el Ministerio de Política Territorial presentó el 20 de Agosto al Consejo de Ministros un informe sobre los mecanismos jurídicos para proceder a tal reforma; además, ya se ha encargado al Ministerio de Justicia que promueva las reformas legales oportunas. Igualmente, está prevista la convocatoria de la Comisión de Delegada de Política Autonómica y reunir el próximo mes la comisión mixta de traspasos. De este modo, ya está en marcha la reforma de la LOPJ que permita poner en funcionamiento los consejos autonómicos previstos en varios estatutos de autonomía.
Pues bien, si se culmina esta reforma (cuyo alcance concreto todavía se desconoce) se dará la posibilidad de tener un Consejo General del Poder Judicial de ámbito estatal y diecisiete de ámbito autonómico. Al margen de la constitucionalidad de la medida (de nuevo habrá que ver el texto concreto), hay que señalar algunos de los peligros o problemas que ella conlleva.
Si ya el actual CGPJ es fruto de números conflictos y polémicas, cabe imaginar que ahora ocurrirá lo mismo pero multiplicado por diecisiete. No se puede esperar otra cosa cuando desde 1985 la composición de “gobierno de los Jueces” es marcadamente política, ya que sus miembros son elegidos por las Cortes Generales, normalmente resultado de componendas políticas de todo tipo. No cabe duda, lamentablemente, de que eso va a volver a ocurrir con estos órganos autonómicos, pues el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, en una frase no declarada inconstitucional, señala que “el Parlamento de Cataluña designa a los miembros del Consejo que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial” (artículo 99.1). La politización será evidente. Por tanto, ya tenemos un primer problema derivado de la politización de estos órganos, lo cual les resta profesionalidad e independencia.
Otro grave problema vendría determinado si, como pretendía el citado Estatuto, se le asignan competencias relativas a los nombramientos de Jueces y Magistrados que ejerzan sus funciones en la autonomía de turno. Si estos órganos van a tener un componente político importante por lo ya expuesto, ni que decir tiene que también lo tendrán los nombramientos (o propuestas de nombramiento) que realicen. El clientelismo y el amiguismo estarán sobre la mesa. Y todo lo que no sean criterios técnicos y profesionales, será un drama para los ciudadanos, que verán perjudicados gravemente sus derechos frente a la Administración Pública cuando traten de pleitear frente a ésta. No digamos ya lo que puede ocurrir en procedimientos penales con implicaciones políticas.
Por otro lado, ya sabemos los problemas que conlleva “acercar” todo lo relativo
a la Justicia al lugar en el que debe ser impartida, y más si ésta está politizada.
En este sentido, el Ministerio de Política Territorial presentó el 20 de Agosto al Consejo de Ministros un informe sobre los mecanismos jurídicos para proceder a tal reforma; además, ya se ha encargado al Ministerio de Justicia que promueva las reformas legales oportunas. Igualmente, está prevista la convocatoria de la Comisión de Delegada de Política Autonómica y reunir el próximo mes la comisión mixta de traspasos. De este modo, ya está en marcha la reforma de la LOPJ que permita poner en funcionamiento los consejos autonómicos previstos en varios estatutos de autonomía.
Pues bien, si se culmina esta reforma (cuyo alcance concreto todavía se desconoce) se dará la posibilidad de tener un Consejo General del Poder Judicial de ámbito estatal y diecisiete de ámbito autonómico. Al margen de la constitucionalidad de la medida (de nuevo habrá que ver el texto concreto), hay que señalar algunos de los peligros o problemas que ella conlleva.
Si ya el actual CGPJ es fruto de números conflictos y polémicas, cabe imaginar que ahora ocurrirá lo mismo pero multiplicado por diecisiete. No se puede esperar otra cosa cuando desde 1985 la composición de “gobierno de los Jueces” es marcadamente política, ya que sus miembros son elegidos por las Cortes Generales, normalmente resultado de componendas políticas de todo tipo. No cabe duda, lamentablemente, de que eso va a volver a ocurrir con estos órganos autonómicos, pues el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, en una frase no declarada inconstitucional, señala que “el Parlamento de Cataluña designa a los miembros del Consejo que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial” (artículo 99.1). La politización será evidente. Por tanto, ya tenemos un primer problema derivado de la politización de estos órganos, lo cual les resta profesionalidad e independencia.
Otro grave problema vendría determinado si, como pretendía el citado Estatuto, se le asignan competencias relativas a los nombramientos de Jueces y Magistrados que ejerzan sus funciones en la autonomía de turno. Si estos órganos van a tener un componente político importante por lo ya expuesto, ni que decir tiene que también lo tendrán los nombramientos (o propuestas de nombramiento) que realicen. El clientelismo y el amiguismo estarán sobre la mesa. Y todo lo que no sean criterios técnicos y profesionales, será un drama para los ciudadanos, que verán perjudicados gravemente sus derechos frente a la Administración Pública cuando traten de pleitear frente a ésta. No digamos ya lo que puede ocurrir en procedimientos penales con implicaciones políticas.
Por otro lado, ya sabemos los problemas que conlleva “acercar” todo lo relativo
a la Justicia al lugar en el que debe ser impartida, y más si ésta está politizada.
Las influencias, presiones, sugerencias, etc., se incrementarán sustancialmente. Esto, lógicamente, está muy conectado con lo anterior, pues a nadie se le escapa la importancia que tendrá para determinados casos el nombramiento de un Magistrado u otro.
Finalmente, señalaremos el problema relativo a la necesidad, o no, de estos órganos, lo que nos lleva a su vez, inmediatamente, al problema económico y financiero resultante de implementar este tipo de medidas. ¿Son necesarios estos órganos? Parece que no, pues lo normal es que si la carrera judicial es única en toda España, también lo sea su órgano de gobierno. Por otro lado, si es que hay tareas que realiza el CGPJ de tipo administrativo que le sobrecargan en su trabajo, se podría o bien reforzar su plantilla o incluso estudiar desconcentrar algunas de esas funciones en las ya existentes Salas de
Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, pero no crear nuevos órganos que a buen seguro serán costosos. Y es que uno de los problemas que tiene nuestro Estado autonómico es la cantidad de gastos en los que se incurre por la proliferación órganos de ámbito autonómico absolutamente innecesarios que realizan tareas que podrían ser asumidas sin problemas de ningún tipo por los estatales.
Por tanto, los ciudadanos debemos estar en alerta los próximos meses en lo que se refiere a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues, probablemente, nos la van a intentar “vender” como una gran mejora para nuestra Justicia y como un acercamiento de ésta al ciudadano, sin señalar los graves peligros y problemas que ello nos puede acarrear.
Finalmente, señalaremos el problema relativo a la necesidad, o no, de estos órganos, lo que nos lleva a su vez, inmediatamente, al problema económico y financiero resultante de implementar este tipo de medidas. ¿Son necesarios estos órganos? Parece que no, pues lo normal es que si la carrera judicial es única en toda España, también lo sea su órgano de gobierno. Por otro lado, si es que hay tareas que realiza el CGPJ de tipo administrativo que le sobrecargan en su trabajo, se podría o bien reforzar su plantilla o incluso estudiar desconcentrar algunas de esas funciones en las ya existentes Salas de
Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, pero no crear nuevos órganos que a buen seguro serán costosos. Y es que uno de los problemas que tiene nuestro Estado autonómico es la cantidad de gastos en los que se incurre por la proliferación órganos de ámbito autonómico absolutamente innecesarios que realizan tareas que podrían ser asumidas sin problemas de ningún tipo por los estatales.
Por tanto, los ciudadanos debemos estar en alerta los próximos meses en lo que se refiere a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues, probablemente, nos la van a intentar “vender” como una gran mejora para nuestra Justicia y como un acercamiento de ésta al ciudadano, sin señalar los graves peligros y problemas que ello nos puede acarrear.
1 Lengüetazos:
este gobierno por no dejar, no nos va a dejar ni los calzoncillos...
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