POR URBANO LÓPEZ
- Domingo (Impulso Ciudadano) ya prepara la solicitud al Defensor del Pueblo
Impulso Ciudadano, movimiento cívico presidido por el diputado no nacionalista José Domingo, consiguió que la Defensora del Pueblo en funciones presentara un recurso de inconstitucionalidad el 13 de Agosto del presente año contra la Ley de de acogida de las personas inmigradas y de las regresadas a Cataluña. Tal recurso fue instado con éxito por dicha asociación ya que tal texto normativo impone el catalán como única lengua propia, común y vehicular para los inmigrantes, sin dar opción a que elijan en qué lengua quieren ser informados y formados. Desde entonces, el nacionalismo catalán lo único que ha hecho ha sido descalificar al Defensor del Pueblo (un Consejero de ERC le ha llamado "falangista") y anunciar que harán caso omiso a lo que diga el Tribunal Constitucional.
Pues bien, tras el éxito de tal solicitud, ahora ya preparan el texto para requerir de nuevo al Defensor del Pueblo que plantee un nuevo recurso de inconstitucionalidad, pues el propio José Domingo ha manifestado que "presentaré una solicitud de recurso de inconstitucionalidad ante el Defensor del Pueblo para que se regule el Código de Consumo en referencia a los derechos lingüísticos". Tal argumento viene reforzado por la reciente Sentencia del Alto Tribunal sobre el Estatuto de Cataluña que en su Fundamento Jurídico 22 establece que "el deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos".
Lamentablemente, por el momento, ni PSOE ni PP han recurrido tal Ley, cuando pueden hacerlo directamente, ya que cuentan con el número mínimo de parlamentarios (50) exigible para ello. Tampoco, por supuesto, lo ha hecho el Gobierno de la Nación.
Fuente: La Voz de BCN
1 Lengüetazos:
De seguir así, cataluña acabará por colapsar al Tribunal Constitucional. La norma, no obstante esta muy bien pensada: como el hecho de recurrir la constitucionalidad de la nueva ley de consumo en cataluña no significa que se paralice su desarrollo y aplicación (vease el estatut) tendrán que despedir a todos los empleados que no parlen el catalá y coger otros que si que lo parlen y para cuando (vaya uste a saber) el TC, lo declare inconstitucional, ya no habrá nada que hacer porque sus puestos ya los ocuparan otros. Ante una situación así solo cabe cambiar las reglas de juego que fueron pensandas (inocentemente) para un juego limpio. Reforma radical o nos vamos al garete, se lo juro.
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